El hacinamiento

En Panamá, cerca de 10 de cada 100 hogares reportaron condiciones de hacinamiento, entendiendo como aquella situación en la que más de tres personas habitan por dormitorio, identificándose diferencias significativas con respecto a los que no reportaron esta condición, según la Encuesta Nacional de Salud de Panamá de 2019.

El hacinamiento en las cárceles de Panamá representa que hay 3,304 presos más en las cárceles. Eso significa que las cárceles están con una densidad del 123%

En solo siete de los 23 centros penales que existen en Panamá no hay sobrepoblación de detenidos y las cárceles con el peor porcentaje en este sentido son La Joya, La Joyita y la de David. Y los penales en los cuales no hay problemas de sobrepoblación son La Nueva Joya, la Cárcel de Mujeres de Colón, El Renacer, La Palma, en Darién, Llano Marín, La Chorrera y la polémica Punta Coco.

En la actualidad, hay una sobrepoblación de 3,308 detenidos en todo el país, con un porcentaje de 123% de hacinamiento, según el Sistema Penitenciario Nacional.

Los penales con más hacinamiento en Panamá son La Joya, con 1,261 detenidos más de su capacidad; La Joyita, con 789; y Chiriquí, con 618 presos en sobrepoblación.

Sin embargo, los pequeños centros penales que hay en el interior padecen también un grave problema de sobrepoblación. Aguadulce, Chitré, Santiago, Los Algarrobos, la cárcel de Colón en la sección masculina, Las Tablas, Penonomé y Tinajitas encabezan esta lista.'

A abril de este año, la población carcelaria del país sumaba 17,899 detenidos, de los cuales 10,390 ya han sido condenados y 7,509 están siendo procesados legalmente. Y de estos, 16,975 son detenidos hombres y 925 son mujeres.

Llama la atención que las estadísticas de abril de 2017 muestran que para esa fecha en el país había ocho centros carcelarios con 0% de sobrepoblación, algunos de ellos, en la actualidad, muestran hacinamiento.

Algarrobos, en Chiriquí, la cárcel de Bocas del Toro, Penonomé, El Renacer, Tinajitas, La Nueva Joya, Colón y Panamá Este mostraban en esa fecha 0% de sobrepoblación.

En 2017, la cárcel de Penonomé encabezaba la lista de hacinamiento en el país con 262%, seguida de la de David con 256% y Las Tablas con 201%.

Chiriquí, Los Santos y Herrera han reportado en los últimos años un aumento considerable en las estadísticas de delincuencia, sobre todo en delitos relacionados al narcotráfico.

El hacinamiento sigue siendo uno de los grandes males del sistema carcelario del país. De acuerdo con cifras de la Dirección General del Sistema Penitenciario, en las prisiones panameñas hay 18 mil 942 personas, pero el sistema está diseñado para albergar 14 mil 591. (Panamá América, 27/5/2020)

La aglomeración en provincias centrales alcanza el 350%, lo que quiere decir que en un espacio concebido para un detenido, hay tres e incluso cuatro. El mayor porcentaje de sobrepoblación en la región está en la provincia de Herrera. Al hablar de población penitenciaria en el país no podemos pasar por alto el hacinamiento, ya que pareciera un mal de nunca acabar en los penales panameños. Al analizar las estadísticas, aunque se muestran grandes avances para reducir la sobrepoblación, los números dan cuenta de que el problema se está trasladando hacia el interior de la República.

Un informe presentado al Consejo Editorial del Grupo El Siglo & La Estrella (GESE) por la ministra de Gobierno (Mingob), Janaina Tewaney, y su equipo de trabajo, confirma que en materia de población de presos su despacho ha acentuado los esfuerzos en las cárceles del interior del país, principalmente en las provincias centrales, donde el hacinamiento muestra cifras superiores al 350%. Esto quiere decir que en los penales de las provincias centrales la población penitenciaria es tres y cuatro veces mayor al número de reos que deben tener estas estructuras carcelarias.

En la región central del interior del país, el mayor porcentaje de hacinamiento carcelario lo encontramos en la provincia de Herrera, con 438% de sobrepoblación. Sin embargo, al ver el problema en cada uno de los distritos de esta región central, la alarma se activa en Aguadulce, provincia de Coclé, donde los niveles de hacinamiento están cerca de alcanzar las cifras de 500%.

Para detallar el problema tomamos como referencia las estadísticas del Sistema Penitenciario, que indican que en el centro carcelario de Aguadulce con capacidad para albergar a 40 reclusos, la población penal es de 158, lo que se traduce en un hacinamiento de 495%. Junto con la cárcel de Aguadulce hay otros cuatro penales en la provincia de Coclé que suman una población de 830, ante una capacidad carcelaria para albergar a 310 internos, demostrando una sobrepoblación de 234,2%.

Las estadísticas de la PNG indican que en las provincias centrales es donde existe una menor cantidad en la comisión de hechos delictivos al compararlas con otros distritos judiciales donde se encuentran otras provincias como Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí, donde los delitos que se comenten superan los 2 mil casos por mes. Por ejemplo, las estadísticas de la PGN indican que en Chiriquí, en el mes de agosto se atendieron 814 delitos, mientras que en Panamá Oeste fueron reportados 1,118 casos. En Colón hubo 554 delitos.

El hacinamiento carcelario es un fenómeno multicausal y los diversos factores que contribuyen a su existencia tienen un efecto acumulativo, por lo que se requiere una estrategia multidisciplinaria e integral para hacerle frente de manera eficaz, a través de medidas de corto, mediano y largo plazos. 

El hacinamiento no se genera en el sistema penitenciario, sino que es el resultado de decisiones legislativas, de políticas de corte punitivo, de la presión social y la alarma pública. Es por ello que las soluciones no podrán encontrarse exclusivamente en el sistema penitenciario, por tratarse éste solamente de un segmento del sistema penal. Las mejores prácticas para implementar estrategias que tiendan al control y reducción del hacinamiento implican la labor integral de todo el sistema de justicia penal, mediante la cooperación y coordinación de todos los involucrados y responsables y la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Las estrategias elaboradas para reducir el hacinamiento deben ajustarse a las necesidades específicas de cada país, a los contextos históricos, jurídicos, económicos y culturales y responder a las necesidades de los grupos vulnerables.

A continuación algunas estrategias que se podrían implementar para reducir el hacinamiento carcelario:

Políticas y programas integrales de justicia penal

Las estrategias de reducción del hacinamiento deben basarse en un enfoque integral y sostenido para mejorar el proceso de justicia penal.

Mejoramiento de la eficacia del proceso de justicia penal.

Las estrategias que se adopten para mejorar la eficacia de los sistemas penales deben procurar reducir el tiempo que transcurre entre el inicio y el n del proceso con sentencia definitiva, imponer plazos para la conclusión de la instrucción y el juicio, mejorar la administración judicial, crear sistemas efectivos de gestión de casos, racionalizar los procesos previos al juicio, establecer nuevos tribunales y asignar recursos suficientes, entre otras.

Políticas integrales de imposición de penas.

Al elaborar las políticas de imposición de penas debería tenerse en cuenta el costo que el encarcelamiento supone para la sociedad, en comparación con otras opciones.

Mayor empleo de medidas sustitutivas de la detención y el encarcelamiento.

Encarcelar a individuos acusados o sentenciados por delitos menores es muy costoso, perjudica a la sociedad al fragmentar hogares y con frecuencia estimula a los responsables de delitos menores a cometer infracciones más graves.

Debido a la pandemia por la Covid-19, la Dirección General del Sistema Penitenciario, por recomendación de organismos internacionales, aplicó rebajas de penas a los presos que reunían el perfil, con el propósito de reducir el hacinamiento, y así evitar los contagios.

Pero, precisamente la pandemia, de acuerdo con Carlos Herrera Morán, de la Comisión de Derechos Humanos, del Colegio Nacional de Abogados (CNA), empeoró el acceso a la salud, la asistencia judicial, y mermó otros derechos de la población carcelaria.

Herrera Morán alegó que debido a las restricciones se ha hecho casi imposible que los internos puedan tener representación legal adecuada, tema que podría atentar contra los derechos humanos. Relató que algunos internos han denunciado que uno de los problemas más graves en las cárceles La Joya, La Joyita, y la Nueva Joya es la falta de suministro de agua potable. Esta situación fue confirmada por Roberto Sanguillén, de la Comisión por los Derechos de los Privados de Libertad. De hecho, la falta de agua potable dificultó el cumplimiento de las medidas sanitarias para contener el virus. Según cifras oficiales en todas las cárceles del país se han detectado 3 mil 542 casos de Covid-19, de esos 4 mil 444 se habían recuperado. Actualmente hay 88 casos activos, mientras que 10 personas han fallecido.

Sanguillén también explicó que a raíz de lo que llama el “hacinamiento reinante” hay internos que duermen en el piso de los baños, situación que, incluso, fue denunciada por la Defensoría del Pueblo.

Periódicamente organismos de protección de los derechos humanos advierten que los jueces abusan de la detención preventiva. Tanto Sanguillén como Herrera Morán coinciden en que se estima que unas 200 personas ingresan por semana a las cárceles. Mientras que Rodolfo Aguilera, exministra de Seguridad Pública, plantea que la sobrepoblación carcelaria “es un síntoma del fracaso de la política de resocialización de la actual administración”. Aseguró que la aplicación de la “mano dura”, o represión sin resocialización, solo aumenta el número de personas en prisión.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney, ha dicho que el sistema penitenciario tiene que ser analizado de una manera “muy profunda”. “Si un privado de libertad cumple su condena y no tuvo la oportunidad de ser resocializado y, por ende, reinsertado, va a salir igual o con las mismas falencias y dificultades que tenía anteriormente”. También ha dicho que uno de los componentes de la reestructuración del sistema penitenciario son los programas de resocialización. (Juan Manuel Díaz, Reportero de la prensa.com)