Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes

Este hecho consiste en el reclutamiento forzado e ilegal de menores de 18 años, quienes son obligados a integrar las filas de los grupos armados al margen de la ley.

En el marco de la Ley 1448 de 2011, se incluye en el Registro Único de Víctimas (RUV) a quienes hubieren sido desvinculados del grupo armado siendo menores de edad.

La vinculación de niños, niñas y adolescentes en las actividades de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados es una grave vulneración de derechos que pone en riesgo la vida y la integridad de los menores de edad, afecta su desarrollo integral y la posibilidad de construir sus proyectos de vida en libertad. De hecho, tanto el reclutamiento ilícito como el uso de niñas, niños y adolescentes están tipificados como delitos en el Código Penal colombiano. Es crucial que la sociedad sea consciente de que ninguno de estos casos es voluntario, ya que cuando no se da a través de la fuerza, es resultado de intimidación, amenazas o chantaje por parte de estos grupos ilegales, que se aprovechan de condiciones sociales y económicas de las familias, o de situaciones de violencia o vulneración dentro de los hogares que hacen que los niños, niñas y adolescentes sean más vulnerables a caer en engaños. La vinculación de niños, niñas y adolescentes no sólo les roba su futuro a las víctimas sino que también tiene un impacto en el desarrollo de las comunidades y la sociedad en general, pues perpetúa la violencia y el conflicto, impidiendo la construcción de un país en paz.

A pesar de los esfuerzos institucionales y de la sociedad, los grupos armados ilegales continúan vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes , instrumentalizándolos y vinculándolos a sus filas. Para estudiar las dinámicas recientes asociadas a estas vinculaciones y generar insumos que influyan en la toma de decisiones para su solución, el Observatorio de la Unidad para las Víctimas implementa un ejercicio de análisis sobre el relato de las víctimas contenido en las declaraciones presentadas en el marco de la Ley 1448 de 2011 y se perfilan los datos de las víctimas, la ocurrencia de los eventos, afectaciones y presuntos autores.

Es importante tener en cuenta que este análisis se basa en casos de niños, niñas y adolescentes que pudieron desvincularse de los grupos armados siendo menores de edad. Sin embargo, esta no es la realidad para muchos que hoy siguen privados de su libertad, fuera de sus escuelas, hogares y entornos protectores o dentro de ellos, pero utilizados para actividades que ponen en riesgo su integridad.

Con corte a 1 de abril de 2023, hay 9.457 víctimas únicas de vinculación de niños, niñas y adolescentes incluidas en el RUV. Respecto a su caracterización (asociada a la declaración):

• 34,2% son mujeres y 0,2% (18 personas) población con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD).
• 6,1% tiene algún tipo de discapacidad
• 10% se autorreconocen indígenas, 6,9% negros o afrocolombianos, 0,1% raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, 0,04% gitanos o Rrom y 0,02% palenqueros.
• El 59,2% está actualmente entre los 29 y 60 años (edad laboral), 31% entre los 18 y 28 y 3,9% entre 12 y 17.

Por eventos de vinculación de niños, niñas y adolescentes ocurridos desde la firma del Acuerdo de Paz, han sido incluidos en el RUV 876 sujetos de atención.  

Análisis de las declaraciones – Metodología de Perfiles de Victimización (MPV).

Por eventos ocurridos desde la firma del Acuerdo del teatro Colón han sido incluidas 926 declaraciones, de las cuales se priorizaron para este análisis 136. Estas corresponden a las incluidas por eventos ocurridos en 4 municipios especialmente afectados por este fenómeno y representan el 15% del total en el periodo del posacuerdo.

Los municipios analizados son los tres en los que se reúnen el mayor número de declaraciones incluidas por este hecho victimizante: Tumaco, Cáceres y El Tambo. También se tomó a Arauquita por tener un carácter más urbano, con el fin de contrastar el análisis. A continuación, se presentan los principales datos por municipio.

Dirección Territorial: Nariño

Zona PDET: Pacífico y Frontera Nariñense.

Macroterritorio: Pacífico

N° declaraciones revisadas: 50

Hectáreas cultivadas con coca en 2021: 18.109

Presencia de población étnica: 13 resguardos y 15 consejos comunitarios

Necesidades Básicas insatisfechas (NBI): 27%

Índice de Riesgo de Victimización (IRV) 2022: alto

Superación de Situación de Vulnerabilidad (SSV): El 86.44% de la población víctima de desplazamiento forzado no supera la situación de vulnerabilidad

-El 80% de víctimas se autoreconocen como hombres, el 18% como mujeres, el 2% como personas con OSIGD.

-Respecto a su pertenencia étnica, el 28% se identificó como negro o afrocolombiano y el 26% como indígena; el 53,8% de las víctimas indígenas son del pueblo Nasa.

-Al momento de la vinculación, el 14% de los niños, niñas y adolescentes se dedicaban a estudiar y el 12% a labores en el campo.

-El 56% de los niños, niñas y adolescentes tenía entre 15 y 16 años cuando fueron vinculados.

-El 60% de los niños, niñas y adolescentes tenía entre 16 y 17 años cuando se desvincularon.

-Tiempo de vinculación: menos de un mes: 20%; entre 1 y 12 meses: 44%; más de un año: 32%. El menor que más tiempo estuvo vinculado duró más de cuatro años.

-Las actividades más frecuentes de las víctimas vinculadas son vigilancia y campaneo con un 42%, manejo, mantenimiento de armas con un 32% y desarrollo de combates y enfrentamientos con un 18%.

-En el 100% de las declaraciones el actor armado identificado como responsable de la vinculación fueron Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR). En el 24% se identificó el GAOR Frente armado Oliver Sinisterra (FOS).

-El 50% de los niños, niñas y adolescentes indicó que fue persuadido para ingresar al FOS con ofrecimientos de beneficios y remuneraciones económicas.

-El 26% de las vinculaciones se dieron por medio de amenazas físicas o verbales.

-El 68% de las víctimas logró desvincularse del grupo huyendo de sus filas.

-El segundo semestre de 2020 fue el periodo en el que ocurrió el mayor número de vinculaciones (18%) y desvinculaciones (24%). En Colombia, el periodo 2020-2 estuvo marcado por la finalización de la cuarentena obligatoria del COVID-19 establecida por el Gobierno Nacional, esto pudo significar un ejercicio de poder y control por parte de los grupos armados en la nueva delimitación de sus territorios.

-El 12% de las víctimas recibieron amenazas y el 14% tuvo que desplazarse luego de lograr desvincularse,

-El 22% de las familias de las víctimas declaran ser amenazadas o desplazarse luego de poder desvincular el menor de edad.

Por las características y situaciones que se presentan en Tumaco se requiere una intervención para el gobierno nacional para atender la falta de servicios y derechos básicos necesarios para el desarrollo de la población.

Las declaraciones dejan ver que los grupos armados utilizan engaños y se aprovechan de las necesidades económicas de sus víctimas, mostrándose como una forma de obtener estatus y mejorar su calidad de vida.

Dirección Territorial: Antioquia

Zona PDET: Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño.

Macroterritorio: Noroccidente

N° declaraciones revisadas: 43

Hectáreas cultivadas con coca en 2021: 1.869

Población étnica: 4 resguardos

NBI: 50%

IRV 2022: alto

SSV: el 82.18% de la población víctima de desplazamiento forzado no supera la situación de vulnerabilidad.

-Respecto al género de las víctimas, el 26% se autorreconocen como mujeres y el 74% como hombres.

-En cuanto a la ocupación desempeñada al momento de la vinculación, el 12% de los niños, niñas y adolescentes se dedicaban a estudiar y el 9% a labores en el campo.

-Respecto a su pertenencia étnica, el 28% se identificaron como indígenas; 3 de las víctimas son de la comunidad Zenú.

-El 32% de los niños, niñas y adolescentes fueron vinculados entre los 13 y 14 años, seguido del 26% cuya edad era de 17. Se reporta un caso de vinculación a los 9 años.

-Tiempo de vinculación: menos de un mes: 37%; entre 1 y 12 meses: 37%; más de un año: 19%. El menor que más tiempo estuvo vinculado duró más de tres años y medio.

-Los grupos armados relacionados en las declaraciones se distribuyen de la siguiente manera:  Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo 14%, GAO Ejército de Liberación Nacional (ELN) 14% y el grupo ilegal denominado Los Caparros 72%. En las narraciones se describe la disputa territorial entre el Clan del Golfo y los Caparros.

-El 47% de los niños, niñas y adolescentes fue vinculado por medio de amenazas físicas y verbales. En el análisis se identificaron 3 casos en la que los niños, niñas y adolescentes fueron raptados por Los Caparros. El 16% fue vinculado mediante engaños, con promesas de oportunidades laborales en el campo. Se identificaron 3 casos donde se utiliza y/o promueve el consumo de Sustancias Psicoactivas para persuadir a los niños, niñas y adolescentes de entrar al grupo armado.

-El 35% de los niños, niñas y adolescentes desarrolló más de una actividad: ranchería, vigilancia e inteligencia. El 23% desarrolló actividades de vigilancia y campanero. El 9% manifestó realizar el cobro de exacciones (cobros o "vacunas"). El 7% de los niños, niñas y adolescentes estuvo en enfrentamientos o combates.

-El 55% de los niños, niñas y adolescentes señaló que fue objeto de violencia física y amenazas verbales para garantizar su permanencia en el grupo.

-El 60% de los niños, niñas y adolescentes se desvinculó o fue desvinculado del grupo armado entre los 16 y 17 años.

-El 42% de los niños, niñas y adolescentes indicó que su salida del grupo armado se dio por rendición/captura. El 32% de los niños, niñas y adolescentes señaló que huyó del grupo armado.

-En el 12% de los casos, donde la desvinculación ocurrió por decisión del grupo armado, se señala la mediación directa de un familiar.

-Se evidenció un caso en el que la víctima sufrió una doble vinculación. Primero fue reclutado por los Caparros y después por el Clan del Golfo, tras un enfrentamiento entre los dos grupos.

-El 12% de niños, niñas y adolescentes indicó que recibió amenazas tras la desvinculación y el 14% se desplazó forzadamente.

-El 23% de las familias de los niños, niñas y adolescentes declaró vulneraciones sufridas al núcleo familiar en las que se encuentran: amenazas (12%), desplazamiento forzado (14%) y despojo y abandono de bienes muebles (2%).

Dirección Territorial: Cauca

Zona PDET: Alto Patía y Norte del Cauca

Macroterritorio: Pacífico

N° declaraciones revisadas: 24

Hectáreas cultivadas con coca en 2021: 8.737

Presencia de población étnica: 2 resguardos y un consejo comunitario

NBI: 23%

IRV 2022: alto

SSV: El 64.25% de la población víctima de desplazamiento forzado no supera la situación de vulnerabilidad.

-El 41% de las víctimas se autorreconoció como mujer y 59% como hombre

-El 11% se dedicaba a las labores del campo y 7% a estudiar.

-Tres personas se autorreconocieron como indígenas, dos del pueblo Nasa pertenecientes al resguardo San Lorenzo de Caldono.

-El 19% de las vinculaciones ocurrieron en 2020.

-El 39% de los menores fueron vinculados al grupo armado a los 15 años.

-Tiempo de vinculación: menos de un mes: 19%; entre 1 y 12 meses: 56%; más de un año: 19%. El menor que más tiempo estuvo vinculado duró más de cuatro años.

-El 57% identificó como presunto autor a Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) y el 13% al GAO ELN. El 52% identificó al GAOR Frente Carlos Patiño.

-El 56% de los deponentes no identificó la forma en la que fue vinculado al grupo armado, los demás señalaron haber sido amenazados (19%) y persuadidos o engañados (22%).

-El 15% desarrolló actividades asociadas al manejo de armas durante la vinculación. El 11% desarrolló varias actividades en el grupo armado: vigilancia y manejo de armas.

-El 19% huyó del grupo armado. En dos casos la desvinculación se dio por intervención de las mamás de las víctimas y la comunidad.

-El 37% se desvinculó a los 15 años, 19% a los 16 y 19% a los 17.

-El 26% de las víctimas se desplazó tras la desvinculación. En un mismo porcentaje lo hizo su núcleo familiar.

Dirección Territorial: Norte de Santander y Arauca

PDET: Arauca

Declaraciones Revisadas: 19

Menores Vinculados: 17. Dos declaraciones hacen referencia a eventos duplicados.

Población étnica: 6 resguardos y 5 consejos comunitarios

NBI: 41%

IRV 2022: alto

SSV: El 70% de la población víctima de desplazamiento forzado no supera la situación de vulnerabilidad.

El 76.4% de las vinculaciones ocurrieron en un entorno rural.

70.1% se identifican como hombres y el 29.9% como mujeres. 12% manifiestan tener dos o más discapacidades frente al resto que no declaró discapacidad: 

-Dos víctimas se auto reconocen como indígenas de la etnia Hitnü. Este es uno de los pueblos indígenas en riesgo de desaparición por causa del conflicto armado en Colombia ^[9] .

-80% de las mujeres manifiestan estar estudiando, frente al 25% hombres que manifiestan la misma ocupación. Otros 25% de hombres especifican desarrollar labores de campo.

-No se aprecian particularidades en mujeres respecto a la edad de vinculación, pero en hombres el rango entre los 14 y 16 años es el más afectado  ^[10] .

47% mencionaron haber sido vinculados por Guerrillas – ELN, mientras que el 53% por GAOR.

 Dos grandes dinámicas sobre el componente de amenazas como forma de vinculación (que constituye el 35.3% de los modus operandi para vincular a los menores):

• La amenaza de represalias (a él o a su núcleo familiar) ante negativas del menor.
• El rapto directo por parte del actor armado.

Respecto a las actividades realizadas por los menores en medio de la vinculación, no parece darse una dinámica diferenciada por género, más allá de quienes cumplen varias tareas, donde el 80% son hombres.

En el 24% de los casos la familia u otras personas (líderes regionales) intercedieron con el grupo armado para que permitiera la salida del menor.  En ocasiones el grupo armado otorgó una “licencia” o indicó la posibilidad de retornar a las filas posteriormente.

• 58.9% fueron amenazados, desplazados o ambas después de la desvinculación.
• 2 mujeres son víctimas de Delitos contra la Integridad y la Libertad Sexual en el Desarrollo del Conflicto Armado en medio de la vinculación.

El 29% declara con su grupo familiar y manifiesta que todos tuvieron que desplazarse como consecuencia del hecho.

El análisis de las declaraciones de los cuatro municipios evidencia que, en ocasiones, las vinculaciones de niños, niñas y adolescentes está asociada al posicionamiento de grupos armados ilegales que llegan a territorios donde hacia presencia histórica las FARC, con el fin de ejercer control.   

En cuanto a las dinámicas de vinculación, es evidente que los grupos armados ilegales se aprovechan de las condiciones socioeconómicas adversas, la carencia de oportunidades laborales y educativas, la frágil presencia institucional y la falta de capacidades y habilidades de las familias y comunidades para consolidar entornos protectores que mitiguen el riesgo y desincentiven este tipo de actividades.  

En algunos casos, al no poder convencer a los jóvenes de su vinculación, los grupos armados recurren a amenazas físicas y verbales, raptos e incluso a generar dependencia de sustancias psicoactivas que limitan su capacidad de decisión.  

Es importante destacar que muchas de las desvinculaciones son logradas por intermediación de las comunidades y autoridades territoriales, lo que evidencia la importancia de fortalecer y proteger los liderazgos locales y comunitarios; así como lograr la articulación de las organizaciones locales con los sistemas de alertas tempranas institucionales.

 Además de la presencia estatal que garantice la seguridad y la oferta social, es necesario fortalecer a las familias y comunidades para que tengan herramientas que les permitan funcionar como entornos protectores que prevengan estas situaciones y activen las rutas de atención en los territorios para proteger a los menores de edad frente a esta grave vulneración de sus derechos.