GRANJA DE TANQUES: Organizándose por la justicia

Con el rápido crecimiento de Austin, el cual ha provocado nuevas construcciones en muchas áreas del este de Austin, incluyendo un proyecto de Desarrollo Planificado de Unidades (PUD, por sus siglas en inglés) propuesto en donde antes estaba la finca de tanques de almacenamiento de petróleo en el este de Austin, es crucial que entendamos el legado de injusticias ambientales y racismo que constituyen la historia de este lugar.

En 1928, Austin creó un Plan Maestro que desplazó y segregó racialmente a los residentes negros e hispanos/latinos hacia el este de lo que hoy es la Interestatal 35 o a las afueras de los límites de la ciudad. Este proceso, llamado "redlining", permitió intencionalmente el desarrollo de instalaciones industriales peligrosas donde los austinianos negros e hispanos/latinos formaron sus hogares. Durante décadas, la comunidad del este de Austin fue obligada a vivir en ambientes contaminados y peligrosos con acceso limitado a infraestructura básica, como servicios públicos y escuelas públicas. Debido a estas políticas y prácticas racistas, industrias como la finca de tanques pudieron existir al lado de áreas residenciales.  

La granja de tanques se construyó como una instalación de almacenaje de productos de petróleo en lo que antes era una huerta de pacanas en el este de Austin en 1948. Con el tiempo, la granja de tanques se expandió hasta llegar a ser una instalación industrial de 52 acres en Springdale Road y Airport Boulevard. La instalación la operaban seis compañías petroleras principales que compartían el lugar: Chevron, Star Enterprise, Citgo, Coastal States, Exxon y Mobil. Juntas, almacenaban más de 10 millones de galones de combustible tóxico, la mayoría del combustible de Austin, en tanques de almacenamiento sobre la superficie adyacentes a los hogares residenciales y dentro de una milla de distancia de siete escuelas (1). 

Durante décadas, los residentes que vivían cerca de la granja de tanques experimentaron problemas de salud agudos y crónicos incluyendo dolores de cabeza, sangrado nasal, sarpullidos, enfermedades estomacales, asma, llagas en la piel, enfermedades pulmonares, cáncer y otras afecciones que se pensaba estaban asociadas con la contaminación del aire, agua y tierra originada en la granja de tanques (2).

En 1991, dos organizaciones comunitarias del este de Austin se unieron para abogar por el cierre y remoción de la finca de tanques. El Equipo Estratégico del Este de Austin (EAST, por sus siglas en inglés), dirigido por Ron Davis, fue la coalición de asociaciones vecinales formada por residentes negros del este de Austin. EAST ha trabajado en asuntos ambientales, económicos y de justicia social desde los años 80, incluyendo problemas de ruido y seguridad en el Aeropuerto Mueller, creando controles más estrictos sobre las compañías que reciben exenciones de impuestos, y más controles ambientales y reportes obligatorios de desechos peligrosos para las compañías de alta tecnología en el este de Austin (3). 

La organización People Organized in Defense of Earth and her Recources (PODER), codirigida por Sylvia Herrera, Susana Almanza y Antonio Diaz, era una organización sin fines de lucro de justicia social recién fundada que se enfocaba en aumentar la participación de los residentes del este de Austin en las decisiones corporativas y gubernamentales. De acuerdo con Almanza, "PODER trabajó para redefinir lo que era el ambiente", y "el ambiente es donde vive, trabaja, se divierte y va a la iglesia la gente". La misión de PODER es ver los problemas ambientales como problemas económicos y de justicia social, y aborda estos problemas a través de la educación, defensa y acción" (4). Juntos, EAST y PODER lanzaron una campaña para lograr el cierre y reubicación de la granja de tanques. 

En diciembre de 1991, Sylvia Herrera vio un aviso público en el periódico que anunciaba que Mobil Oil había solicitado un permiso de la Junta de Control del Aire de Texas para expandir una de sus instalaciones y que aumentarían las emisiones de benceno, un químico que causa cáncer (5). 

PODER comenzó a investigar los documentos de la finca de tanques en la Junta de Control del Aire de Texas y encontró que el departamento de salud también tenía inquietudes sobre el impacto de la expansión de Mobil en los vecindarios cercanos y el impacto de los químicos dañinos en el lugar. 

Los líderes de PODER y EAST comenzaron a reunirse con la comunidad y a cabildear en las agencias gubernamentales locales, estatales y federales para que tomaran acción. Le pidieron a la Junta de Control del Aire que completara un estudio integral sobre las emisiones del aire acumulativas de seis lugares (6). 

Las agencias reguladoras estatales comenzaron a examinar las quejas e hicieron pruebas del suelo y del agua subterránea. Los investigadores de la Comisión Estatal de Agua de Texas encontraron que la contaminación del agua subterránea y el suelo se había extendido desde debajo de la finca de tanques y había contaminado a 71 de 116 pozos de agua que examinaron en el área. Las muestras de calidad de agua tomadas en un lugar de combustible mostraron que las concentraciones de un químico que causa cáncer era 720 más alta que el nivel aceptable por las regulaciones federales (7).

El 10 de febrero de 1992, PODER se asoció con los residentes de los vecindarios y otras organizaciones, incluyendo a EAST, y patrocinaron un "Recorrido Tóxico" para llamar la atención al sufrimiento de los vecinos de la finca de tanques. Asistieron residentes y políticos del gobierno estatal y local invitados, incluyendo a los representantes estatales Gonzalo Barrientos y Glen Maxey, así como los comisionados del Condado de Travis Bill Aleshire y Marcos De Leon. 

Los Recorridos Tóxicos fueron extremadamente exitosos en llamar la atención sobre el problema y solidificar el apoyo de los grupos ambientales principales compuestos en su mayoría por personas blancas y que se enfocaban primordialmente en problemas al oeste de Austin, como proteger el riachuelo Barton, Barton Springs y el acuífero Edwards. Fue un momento significativo para el activismo ambiental en Austin. Sin embargo, fue muy importante para los líderes del este de Austin, tales como PODER, para motivar a la comunidad del este de Austin a alzar sus propias voces para que pudieran lograr resolverlos ellos mismos (8).  

Los representantes estatales Gonzalo Barrientos y Glen Maxey también se convirtieron en proponentes y se manifestaron a favor del cierre de la finca de tanques. Les recomendaron a la Junta de Control del Aire de Texas y a la Comisión de Agua de Texas que hicieran pruebas, y Maxey ayudó a la comunidad a establecer un Comité Ciudadano de Monitoreo de la Finca de Tanques de 25 miembros que se encargaban de monitorear a las agencias del condado y el estado que estaban investigando a la granja de tanques (9).

El Comité Ciudadano de Monitoreo fue una herramienta importante que de manera única cambió la dinámica entre los residentes y las agencias gubernamentales porque hizo que las agencias tuvieran que venir a la comunidad regularmente a proveer información actualizada sobre la investigación de la granja de tanques en lugar de hacer que la comunidad fuera hasta el gobierno (10). 

En marzo se reportó que la Comisión de Agua de Texas había fallado repetidamente en notificar sobre la contaminación del agua subterránea cuatro años antes, a pesar de que las leyes estatales exigían la divulgación (11). Los niveles de contaminación del agua subterránea indicaron que el número real de derrames fue mayor que el número que reportaron oficialmente las petroleras. Exxon había sido multada por no examinar las tuberías y válvulas en busca de escapes por casi cinco años y por sobrepasar los límites permitidos de emisiones al aire para los tanques de almacenamiento. Los reguladores estatales dijeron que tomaría años reparar el daño ambiental que sufrieron el suelo y el agua (12). 

En medio de las investigaciones sobre la contaminación, el Distrito Central de Avalúos del Condado de Travis devaluó a más de 600 casas aledañas a la finca de tanques. El valor de muchas propiedades bajó en un 50 por ciento o más, lo que empeoró el impacto que ya había tenido la zonificación industrial impuesta a estos vecindarios y evitó que pudieran obtener financiamiento para hacer mejoras a sus hogares (13).

En abril de 1992, aproximadamente 250 residentes del este de Austin presentaron su preocupación sobre la finca de tanques al Concejo Municipal de Austin y rogaron que se cerrara la finca de tanques. Sin embargo, el Concejo Municipal no tomó ninguna acción formal (14). 

El Austin American-Statesman hizo encuestas a más de 300 familias que vivían dentro de 3,000 pies de distancia de la finca de tanques. Los expedientes médicos estatales y los resultados de la encuesta demostraron que las personas que vivían en el área estaban experimentando una alta incidencia de enfermedades consistentes con la exposición a componentes del combustible almacenado en la granja de tanques (15).

El fiscal del Condado de Travis, Ken Oden, quien conocía al área porque anteriormente había sido chófer para una empresa cervecera local, notó que muchos funcionarios locales no estaban dispuestos a enfrentarse a seis de las petroleras más grandes del mundo porque pensaban que no era posible ganar la batalla. Oden estaba dispuesto a pelear y perder, en lugar de quedarse de brazos cruzados, y se unió a los activistas del este de Austin anunciando una investigación de las violaciones criminales y civiles en la granja de tanques. Los comisionados del condado aprobaron $250,000 para contratar expertos que ayudarían a Oden. 

Los líderes comunitarios del este de Austin continuaron llamando la atención sobre el caso reuniéndose afuera de la granja de tanques y exigiendo su cierre, la limpieza de la contaminación, que se abriera una clínica, que se hiciera un estudio sobre los efectos en la salud y que se compensara a los residentes por la devaluación de sus casas (16).

Para finales de mayo, cuatro de las seis compañías petroleras habían propuesto planes de limpieza para la finca de tanques (17).

El 29 de mayo, el Departamento de Salud de Texas publicó un informe sobre los efectos de la granja de tanques en los residentes del área. El informe fue criticado por tener información inadecuada y por restarle importancia a los riesgos (18). Aunque el informe decía que "probablemente ocurrió" la exposición a los vapores de la gasolina, concluyó que el riesgo de cáncer no era mayor de lo normal para las personas que vivían cerca de los tanques. El Departamento de Salud afirmó que no había detectado concentraciones de contaminantes en el aire mayores de lo normal. El informe fue enviado a los funcionarios de salud federales para que lo revisaran. El Comité Ciudadano de Monitoreo y otras organizaciones ambientales encontraron "serios problemas científicos con esos resultados" y pidieron más pruebas de la calidad del aire alrededor de la granja de tanques (19). 

Luego de que el Departamento de Salud de Texas publicó el informe, cinco de las seis compañías petroleras iniciaron una campaña en los medios de comunicación en la que alegaban que el informe decía que no existía relación entre la finca de tanques y los problemas de salud de los residentes locales. Aunque el Departamento de Salud de Texas indicó que estas afirmaciones no eran ciertas, las compañías petroleras persistieron (20).

En junio, la Junta de Control del Aire de Texas, dirigida en aquel momento por el futuro alcalde de Austin y senador estatal Kirk Watson, aprobó un acuerdo con las compañías petroleras para reducir las emisiones de la finca de tanques en más de 60 por ciento. El Dr. Winston Warr, jefe de salud pública del Condado de Travis, recomendó que el centro de almacenaje fuera mudado y que su ubicación representaba un "riesgo inaceptable para la salud". Esa fue la primera vez que un funcionario del gobierno estatal o local afirmó que existía un nexo entre las quejas y la granja de tanques (21).

A la misma vez que las personas estaban organizándose para abordar la contaminación gravemente tóxica en el este de Austin, los activistas ambientales establecidos protestaban dos años antes contra el PUD del riachuelo Barton en la famosa asamblea de "toda la noche" en el Concejo Municipal. En 1992, se adoptó como ordenanza municipal la iniciativa comunitaria Salvemos Nuestros Riachuelos. Aunque la historia de oposición para evitar que el PUD del riachuelo Barton degradara al riachuelo Barton aún vive en el legado de la ordenanza Salvemos Nuestros Riachuelos, la historia de la granja de tanques y las décadas de contaminación de los vecindarios del este de Austin es menos conocida.

Sin embargo, la disparidad entre la protección ambiental en el este y el oeste era evidente. "Existe una zona de protección cuando se trata de construir en la zona del acuífero Edwards o cerca del riachuelo Barton, pero no existe tal zona para proteger a la gente contra la contaminación", dijo Susana Almanza (22). 

En agosto, Chevron anunció el cierre de su terminal.

En septiembre, Coastal States, Star Entreprise y Mobil anunciaron sus planes para cerrar sus terminales (23). Citgo también anunció su cierre más tarde ese mes luego de reprobar en junio una prueba de emisiones requerida por la Junta de Control del Aire en el equipo que recogía y quemaba vapores de combustible dañinos. Las compañías aceptaron marcharse antes del 1 de enero de 1995 (24).

La única que insistió en quedarse fue Exxon.

Ese mismo mes, la Junta de Control del Aire de Texas propuso una multa de $19,000 contra Exxon por violaciones de contaminación en su terminal de combustible. El Comité Ciudadano de Monitoreo criticó la multa por ser demasiado baja. El fiscal del Condado de Travis, Ken Oden, le pidió a la agencia que no aprobara la multa porque podía evitar que ellos pudieran tomar una acción de cumplimiento más significativa a través de la investigación del condado. La agencia había sido acusada de no hacer responsables a las compañías petroleras y de politiquear luego de que la Junta de Control del Aire de Texas cancelara la multa a Citgo por violaciones de contaminación luego de que Citgo decidiera cerrar sus instalaciones (25).

Entonces se emplazó a Exxon con citaciones judiciales para presentar documentos sobre la granja de tanques ante el gran jurado para adelantar la investigación del condado (26). 

A pesar de las advertencias de que proseguir con la multa podría afectar la investigación del gran jurado, la Junta de Control del Aire de Texas votó para proceder con la multa de $19,000 en contra de Exxon. Para proteger la investigación, el fiscal del Condado de Travis, Ken Oden, presentó una demanda en contra de Exxon en la que pedía una orden judicial por violaciones por contaminación con una multa de $25,000 al día por cada violación a la Ley de Aire Limpio (27).

Luego de meses de inacción y de informes sobre manipulación de datos y de información no divulgada, el Comité Ciudadano de Monitoreo exigió que se investigara a la Junta de Control del Aire de Texas. De acuerdo con Chris Fanuel, miembro de EAST y codirector del comité, "[v]ez tras vez nos ha mentido una agencia de este estado cuya obligación es proteger a los ciudadanos de los peligros en el aire que respiran... Los ciudadanos de este estado, ya sean ricos o pobres, negros, blancos, café, azules o verdes, deben tener la certeza de que no se comprometerá su salud ni seguridad" (28).

En respuesta, la Junta de Control del Aire de Texas estableció una comisión especial para estudiar los cambios en las regulaciones estatales sobre los olores molestos en un esfuerzo para "...lograr un mejor cumplimiento que sea más eficiente, efectivo y equitativo". La comisión especial la componían residentes, legisladores, funcionarios del gobierno, expertos del aire, representantes de la industria y grupos ambientales (29).

Mientras tanto, los activistas continuaron ejerciendo presión sobre Exxon con un boicot de sus productos por negarse a mudarse (30).

En diciembre, la Junta de Control del Aire de Texas también estableció un Consejo de Cumplimiento para supervisar los casos de alto interés y explorar oportunidades para mejorar el manejo y las políticas de cumplimiento, tales como el caso de la granja de tanques del este de Austin. (31). 

En ese mismo mes, la Junta de Control del Aire de Texas y la Comisión de Agua de Texas establecieron otra comisión especial para abordar los problemas de racismo ambiental y contaminación en todo el estado. Entre los 17 miembros de la comisión especial se encontraban el concejal Gus Garcia, y Antonio Diaz, uno de los cofundadores de PODER, fue nombrado para dirigir el panel (32).

El 18 de febrero de 1993, Exxon, la mayor de las seis compañías petroleras que operaban en la granja de tanques, aceptó cerrar su terminal de gasolina en el este de Austin. En ese acuerdo, Exxon pagó $19,000 por violaciones como parte de la demanda que presentó el fiscal de Condado de Travis, Ken Oden. El acuerdo le puso fin a la lucha de meses que libraron los activistas comunitarios para que se marchara la última compañía que permanecía.

Después del cierre de la granja de tanques, se determinó que los contaminantes y los carcinógenos se habían filtrado 15 pies dentro del suelo y se esparcieron por debajo del parque Govalle y el riachuelo Boggy. Los análisis de los suelos revelaron que se había filtrado benceno, un químico que causa cáncer, y MTBE, un carcinógeno, por debajo del nivel subterráneo de agua debajo del vecindario adyacente. A pesar de estos datos, el estado no exigió una limpieza inmediata (33).

Aunque las compañías petroleras comenzaron a desmantelar la granja de tanques en 1992, tomó muchos años para que limpiaran la contaminación en el lugar, y muchos más años de trabajo de la comunidad del este de Austin y monitoreo local y estatal para que las compañías petroleras cumplieran con los requisitos de limpieza.

La demanda civil que incluía a más de 170 residentes cuyas casas fueron devaluadas a causa de la contaminación de la granja de tanques no se liquidó hasta 1996, y la Ciudad fue el último demandante en lograr un acuerdo de liquidación en 1997 (34). 

En diciembre de 2008, 15 años después del cierre de la instalación, la Comisión de Calidad Ambiental de Texas declaró que las compañías petroleras habían terminado las labores de limpieza requeridas en la finca de tanques.

Cierta contaminación aún queda en la propiedad de la granja de tanques porque el estado no exige que las compañías la remuevan toda. La ley estatal fija dos estándares para ese tipo de limpieza: el estándar más alto les exigiría remover todos los contaminantes para permitir el uso residencial de la propiedad.  Bajo el otro estándar, los propietarios pueden aplicar restricciones a sus escrituras para evitar cualquier uso residencial futuro en su propiedad contaminada como método de prevención de exposición futura en lugar de remover la contaminación.

Las compañías petroleras de la granja de tanques en su mayoría eligieron el estándar más bajo, lo cual les permitió dejar más contaminación en el lugar siempre y cuando los químicos restantes no se filtraran a las demás propiedades circundantes. Este estándar limita el uso de la propiedad a no residencial únicamente.  

Aun luego de décadas de limpieza de la granja de tanques en sí, las regulaciones estatales no permiten ningún uso residencial futuro debido a los niveles de contaminación persistentes. El nuevo plan de desarrollo comercial PUD Springdale Green en el lugar marca un logro significativo en la historia de este lugar.  

El éxito de PODER y de EAST es una historia excepcional de justicia ambiental de oposición ciudadana que les ganó exitosamente a las corporaciones multinacionales. Sin embargo, nunca debemos olvidar las circunstancias bajo las cuales se vieron forzadas las personas negras e hispanas/latinas a vivir en un vecindario clasificado como zona industrial, donde se permitió la construcción de una instalación tan contaminadora al lado de hogares residenciales, y donde tan pocos funcionarios locales estuvieron dispuestos a luchar por los derechos de las personas y del ambiente. Debemos recordar nuestro pasado para evitar repetir nuestros errores creados durante décadas de planificación municipal que de manera sistemática reforzó las consecuencias injustas para las personas de color. 

Dedicado a la memoria de los que perdimos por el legado de la finca de tanques, y una dedicatoria especial a Ron Davis, fundador de EAST y comisionado del Condado de Travis (1946-2021).